Una calificación que descalifica

Uno de los principales elementos de control económico, es la regla fiscal, la cual se refiere al ejercicio de control del endeudamiento abordado por un país. Según la ley 1473 de 2011 en su artículo 4 “La regla fiscal se materializa a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo”. En otras palabras a partir de la planeación del estado, el control del endeudamiento determinará la regla, la cual tiene como objeto garantizar la sostenibilidad del estado y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país.

En la misma ley, encontramos que “El déficit estructural del Gobierno Nacional Central no será mayor a 1% del PIB a partir del año 2022” entendiendo dicho déficit como  la diferencia entre ingreso estructural y gasto estructural del Gobierno Nacional. Algo que sin lugar a dudas deja inquietudes relevantes gracias a los acontecimientos económicos recientes y por supuesto los sonados déficits estatales.

Luego de contextualizar, el ejercicio se fundamenta en la reciente disminución a la calificación por parte de Standard & Poor’s del soberano para Colombia, pasando de BBB a BBB-, la cual trae consigo unas repercusiones desde el punto de vista económico y financiero, además de una serie de retos enmarcados en el periodo electoral que inicia. Los argumentos de dicha disminución, pasan por la combinación de un crecimiento menor al esperado (evolución del PIB), y la dependencia de otras fuentes de ingresos para el estado, gracias a que la reforma tributaria no alcanzó a satisfacer los requerimientos, en otras palabras una creciente dificultad para el cumplimiento de la bien referenciada, regla fiscal.

Además de lo anterior, la exposición de la Economía Colombiana a la volatilidad de los precios de los commodities, lo cual se traduce en una carente diversificación que condena a la dependencia de productos sin valor agregado (es decir sin procesos de transformación), y que es un problema recurrente que pasa por todas las propuestas de los candidatos presidenciales, aunque en algunos casos carente de viabilidad en el corto plazo. De otro lado la calificadora internacional menciona el alto nivel de deuda externa y la disminución en la flexibilidad de la política implementada por el estado, lo cual genera un ambiente de incertidumbre que afecta las condiciones.

En las alocuciones del ministro de hacienda, el “optimismo político” es el protagonista, donde argumenta bajo su visión que el gobierno ha hecho la tarea y que la revisión a la calificación no refleja la situación actual. Más aún traspasa la responsabilidad al siguiente gobierno (el entrante en 2018) cuando menciona que tras el reporte de la calificadora, se evidencia una preocupación del no cumplimiento de la regla para los próximos años. Dicho de otra manera, sorprende al gobierno actual pero responsabiliza al que inicia en 2018, los dirigentes de turno buscan exonerar su responsabilidad, convirtiéndose en una mala señal institucional.

Muchas propuestas actuales como la eliminación del IVA, el cambio inmediato en el portafolio de generación de ingresos de la nación y demás, que buscan priorizar el afán populista, olvidan que las decisiones internas afectan la visión externa. Una razón más para preferir un gobierno encaminado a reactivar la actividad económica y que acompañen el discurso de contracción en impuestos con fuertes controles al gasto. En otras palabras las corrientes socialistas como las salientes del foro de São Paulo serían determinantes para que Colombia pierda el grado de inversión, pasando a ser un escenario netamente especulativo, es decir, altamente riesgoso y por ende inversión “basura”.

Los coletazos de la reciente rebaja en la calificación no se han hecho esperar, Bancolombia ha sido rebajada a inversión especulativa desde BBB- a BB+, Suramericana, ISAGEN, ISA y Ecopetrol han sufrido a su vez una disminución en su calificación. Ahora bien, durante los últimos 10 años, el orden de rebajas en calificación ha sido S&P, Fitch y Moody’s, no se descarta que cumplan la regla y dejen a Colombia en un limbo económico, aislada como referente de inversión.

Así, la paz se hace creando condiciones económicas dignas y estables para los ciudadanos, la paz no se hace acompañada solo de discursos irresponsables y evasivos, catalogando a los que ponen en evidencia los problemas, como sus enemigos.